jueves, 19 de julio de 2007

Diario La Nación, Piden la reapertura de causas por crímenes de la guerrilla, 16 de julio de 2007

Derechos humanos: tras el fallo de la Corte por los indultos
Piden la reapertura de causas por crímenes de la guerrilla

El juez Daniel Rafecas tendrá a su cargo una demanda contra la subversión

El juez federal Daniel Rafecas deberá considerar una demanda contra todas aquellas personas que hayan estado vinculadas con la organización guerrillera Montoneros por la participación que hubieran tenido directa o indirectamente en asesinatos, secuestros, toma de rehenes y otros hechos cometidos por ese grupo a partir del 25 de mayo de 1973. La denuncia, adelantada por LA NACION, fue presentada por Ana Lucioni, hija de un teniente primero asesinado a balazos por grupos terroristas en 1976, quien también reclama la reapertura de las causas en las que se hubieren decretado indultos en favor de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Su particularidad es que para considerar delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes de los grupos guerrilleros, toma los argumentos que hizo propios la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que la Corte viene sosteniendo el criterio de que, para ser calificado delito de lesa humanidad, un crimen debió contar con apoyo del aparato estatal. Según este criterio restrictivo, ni siquiera los ataques contra la AMIA o la embajada de Israel serían delitos de lesa humanidad, a menos que se demuestre la colaboración de agentes estatales, nacionales o extranjeros, en esas acciones. El gobierno nacional ha impulsado la reapertura de las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado en los años 70, pero no así de aquellas relacionadas con los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras, muchos de cuyos miembros han sido beneficiados por los indultos decretados por el presidente Carlos Menem. La denuncia En su denuncia, Ana Lucioni aclara que efectúa esa presentación judicial a pesar de su opinión personal acerca del valor absoluto de la irretroactividad de la ley penal, "por una cuestión de elemental igualdad ante la ley", habida cuenta de que "la Corte Suprema y otros tribunales han violentado ese principio para los casos de juzgamiento de militares". Plantea que se impone el juzgamiento de los integrantes de los grupos guerrilleros, pues "de lo contrario, llegaríamos al absurdo de contemplar que la ley penal puede o no ser aplicada de manera retroactiva, según la ideología o posición política". Las pruebas que aporta la denunciante sobre la relación entre Montoneros y el Estado podrían sintetizarse así:
Cita que en su libro Diario de un clandestino Miguel Bonasso, actual diputado nacional, reconoce expresamente que hacía inteligencia para la organización Montoneros mientras trabajaba para la Presidencia de la Nación en 1973. La cita de lo que afirma Bonasso en ese libro es muy reveladora: "Ya está: por primera vez en mi vida soy oficialista y trabajo en la Presidencia de la República. Mario Cámpora me convocó y me dijo que su tío quería tenerme cerca porque venían momentos complicados. Me muevo como asesor libre, aunque reviste formalmente en la Secretaría de Prensa, que ocupa el veterano José María Castiñeira de Dios. Allí, uno de sus segundos, el periodista profesional Oscar García Rey, me pide que organice un grupo de inteligencia. Le digo que sí, por supuesto, y me cago de risa (...). Porque yo ya realizo tareas de inteligencia, pero para la organización Montoneros".
Señala que los miembros de Montoneros colaboraban con dinero obtenido de sus sueldos en el Estado a favor de las arcas de la organización terrorista, como surge, entre otros elementos, del libro La voluntad , de Eduardo Anguita y Martín Caparrós.
Revela, basándose en escritos de ex dirigentes montoneros, que entre 1973 y 1974 hubo un gobernador bonaerense, Oscar Bidegain, que integraba el consejo superior de la organización terrorista y que fue acusado elípticamente por Juan Domingo Perón de complicidad en acciones como el ataque al regimiento de Azul; que hubo un subjefe de la policía bonaerense, Julio Troxler, designado por Bidegain, que les facilitaba campos de entrenamiento e instrucción militar a los miembros de Montoneros; que el apoyo logístico bonaerense se extendía incluso a atentados, como el asesinato de José Ignacio Rucci, para el cual "el gobierno de la provincia de Buenos Aires proveyó, como mínimo, un auto oficial".
Finalmente, a partir de numerosas citas tomadas del libro de Marcelo Larraquy Fuimos soldados , refiere la estrecha cooperación entre Montoneros y Estados extranjeros, tanto para la comisión de actos terroristas en la Argentina como contra blancos israelíes. Asimismo, ofrece una larga lista de militantes montoneros que, de acuerdo con el libro Montoneros: final de cuentas , de Juan Gasparini, ex militante de ese grupo terrorista, recibieron instrucción en Cuba y apoyo financiero del gobierno de ese país. La causa judicial promovida por Ana Lucioni se suma a otra reciente, iniciada por Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en agosto de 1974, durante la presidencia de Isabel Perón, y ahorcado por sus captores tras un cautiverio de 372 días en el que fue torturado con pasajes de corriente eléctrica, una metodología similar a la aplicada en algunos centros clandestinos de detención del gobierno militar. Las demandas efectuadas por Ana Lucioni y por Larrabure plantean que el hecho de que los tribunales declaren prescriptos los crímenes de grupos guerrilleros, mientras reabren otras causas judiciales, implica someter a los deudos de las víctimas a una clara discriminación. Parten del supuesto de que los derechos humanos son universales y de que no puede existir un derecho a la vida a medias ni vidas de primera o de segunda clase.

Por Fernando Laborda De la Redacción de LA NACION